Está
relacionada con las acciones llevadas a cabo durante un proceso electoral; esta
participación es fomentada desde el poder del Estado y la Constitución. La
participación política convencional indica el derecho de ciudadanía; es decir,
un derecho al sufragio que no se mide por clases sociales, partidos, sexo o
educación. Se da en toda democracia y es un derecho consagrado por la ley, por
lo cual puede ser fácilmente controlada y verificada. Se refiere a acciones
tales como las peticiones, las manifestaciones legales, el boicot, las huelgas
legales e ilegales, el daño a la propiedad, los sabotajes, la violencia
personal, etc. Esta participación va más allá de los mecanismos institucionales
de participación y, en algunas ocasiones, hace oposición a la legalidad
constitucional establecida.
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